Presidente Abinader continúa creando herramientas para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana y la lucha contra la corrupción

Los decretos 407-25 y 408-25 establecen nuevos mecanismos de coordinación para impulsar la institucionalidad en el país.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, el pasado viernes 25 de julio, emitió el Decreto núm. 407-25 y  el 408-25, que crean espacios de trabajo y coordinación para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. 

El primero de ellos, el Decreto núm. 407-25, crea la comisión interinstitucionalpara la elaboración, desarrollo e implementación del Sistema de Integridad Pública de la República Dominicana. Coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la comisión está compuesta además por el Ministerio de la Presidencia, el de Hacienda y Economía, el de Interior y Policía, el de Administración Pública y el de Educación, así como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El indicado decreto se motiva en el alto interés de esta Administración de continuar fortaleciendo el marco institucional para la prevención y combate de la corrupción en todas sus manifestaciones, en especial la administrativa, por el efecto destructivo que tiene en el Estado, la afectación del patrimonio público y el mandato constitucional que de manera precisa conmina al Gobierno a luchar en su contra.

En esta lucha contra la corrupción, además de las instituciones públicas mencionadas, ha tenido un papel importante el apoyo dado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A tono con ello, mediante el Decreto núm. 408-25, el presidente Abinader declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo al proceso de adhesión de la República Dominicana a la mencionada OCDE.

Dicha comisión, coordinada en este caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está integrada también por el Ministerio de la Presidencia, el de Hacienda y Economía, y el de Industria, Comercio y Mipymes, así como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.