Migración judicializa 49 casos en lo que va del 2026 por delitos vinculados al tráfico ilícito de migrantes

Operativos son coordinados con diversas instituciones para reforzar la aplicación de la normativa vigente.

Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que en lo que va del año 2026, ha judicializado 49 casos por la comisión de delitos migratorios en distintas provincias del país, producto de las operaciones estratégicas desplegadas con apoyo interinstitucional para hacer cumplir la ley.

De los expedientes sometidos, 32 corresponden a tráfico ilícito de migrantes, 14 a falsificación y uso de documentos falsos, 2 a usurpación de funciones e identidad y uno a un hecho de violencia contra un agente de interdicción migratoria. Este último involucra a Leonardo de la Rosa, imputado por realizar un disparo con un arma de fabricación casera, tipo escopeta, contra el agente Fidel Gustavo Henríquez Ramírez Solís, a quien le ocasionó heridas por perdigones en el rostro.

Los casos fueron registrados en las provincias de Santo Domingo Este (10), Santo Domingo Norte (2), Azua (6), Barahona (5), Monte Cristi (5), Peravia–Baní (4), Santiago (4), Dajabón (3), Constanza (3), Higüey (3), San Juan (2), Bahoruco (1) y Bonao (1), como parte de las intervenciones dirigidas a desarticular redes dedicadas al traslado irregular de extranjeros.

Los procesos por tráfico ilícito de migrantes involucran a ciudadanos dominicanos y a un ciudadano canadiense, acusados de transportar nacionales haitianos indocumentados.

La DGM recuerda que durante el año 2025, la institución judicializó un total de 207 casos, de los cuales 159 corresponden a tráfico ilícitos de migrantes, 26 a falsificación y uso de documentos falsos, 5 a extorsión, robo, soborno, cohechos y estafas, 5 por golpes y heridas, 4 por usurpación de funciones e identidad, 3 tentativa de homicidio y amenaza, 1 caso por delito de alta tecnología y 1 por daño de la propiedad privada.

La institución reiteró que continuará ejecutando acciones coordinadas para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, en cumplimiento de la Ley General de Migración y bajo estricto apego al debido proceso.